En septiembre de 2022, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expidió la Resolución 1092 de 2022, un instrumento normativo que estandariza los criterios técnicos y metodológicos aplicables a los avalúos de servidumbres legales y afectaciones transitorias, con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica y coherencia técnica a los proyectos de infraestructura pública y privada en el país.
Esta regulación cobra especial importancia en el contexto actual, donde el desarrollo urbano, energético, vial, hidráulico y de telecomunicaciones requiere intervenir predios privados para la ejecución de obras de interés público o social. En este escenario, las servidumbres se convierten en un mecanismo esencial para el equilibrio entre el interés general y la propiedad privada.
La Resolución 1092 de 2022 aplica a:
Entidades estatales que ejecutan obras públicas;
Empresas privadas que requieren servidumbres sobre predios de terceros;
Propietarios o poseedores afectados por la imposición de servidumbres o afectaciones temporales.
¿Qué desafíos presenta su implementación?
A pesar de tratarse de un avance técnico y jurídico, su aplicación presenta desafíos similares a los observados en procesos de planificación urbana como los macroproyectos de renovación en Medellín. Entre estos desafíos se destacan:
La divulgación de los nuevos criterios técnicos a operadores públicos y privados.
La interpretación del valor económico real de las afectaciones en contextos donde los suelos presentan alta valorización o uso mixto.
La coordinación interinstitucional entre entidades territoriales, empresas de servicios públicos, operadores urbanos y la ciudadanía afectada.
En ciudades como Medellín, con su complejo sistema de planificación territorial y sus antecedentes en macroproyectos como Río Centro, Río Sur y Río Norte, el impacto de esta normativa será decisivo. Especialmente en zonas de renovación urbana, donde las afectaciones transitorias o permanentes sobre predios son frecuentes, el cumplimiento riguroso de estos lineamientos podría agilizar procesos de compensación, reducir conflictos y aportar a la sostenibilidad del desarrollo urbano.
Una oportunidad para la equidad territorial
La estandarización de los avalúos no solo aporta rigor técnico. También representa una oportunidad para garantizar una mayor equidad territorial, permitiendo que los propietarios o poseedores de predios afectados reciban una compensación justa, y que las entidades públicas o privadas puedan planificar y ejecutar obras con mayor transparencia.